De nada han servido las buenas palabras de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que aseguró que la ley no prevé que se corte el servicio de Internet a los usuarios "en ningún caso". Lo que sí prevé es la posibilidad de cerrar sitios sin orden judicial.
Ya circula por la Red un manifiesto contrario a dejar en manos de una comisión del Ministerio de Cultura la potestad de cerrar páginas web que, a su juicio, vulneran los derechos de propiedad intelectual. Se abre así una peligrosa puerta a la temida censura administrativa.
Todas las alarmas se han disparado tras la publicación esta semana del texto del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que introduce la figura de dicha comisión.
La propia ministra reconocía que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo, las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros, entre ellas, su bloqueo.
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